Evaluación de la Arqueología Social en Chile: desarrollo histórico y revisión crítica del proyecto disciplinar

 Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología
Número 45 2015, páginas 95-114
Evaluación de la Arqueología Social en Chile: desarrollo histórico
y revisión crítica del proyecto disciplinar
Hugo Carrión1, Cristián Dávila2, Ayelén Delgado3, Nicole Fuenzalida4, Patricia Kelly5,
Francisca Moya6, Sandra Rebolledo7, Simón Sierralta8, Jairo Sepúlveda9 y Cristián
González10
Resumen
En las últimas tres décadas, el desenvolvimiento de la Arqueología Social en Latinoamérica (ASL) se
ha visto sujeto a numerosas revisiones, tanto en sus postulados como en su puesta en marcha. En este
sentido, en el Chile actual, resulta necesario realizar una revisión del proceso histórico de la ASL.
En este artículo se propone discutir la convergencia de las nuevas “arqueologías sociales”, iniciativas
teóricas diversas que tienen como eje el desarrollo de una praxis social, con los postulados de la ASL
y desde la crítica contribuir a la valoración de este proyecto disciplinar.
Palabras Claves: Arqueología Social Latinoamericana, Arqueología Social, Marxismo, Comunidades
Indígenas, Difusión Patrimonial, Arqueología Industrial, Arqueología de la Represión y la Violencia
Política Reciente.
Abstract
In the last three decades, the development of Social Latin American Archaeology (ASL) has been
subject to numerous revisions, his postulates as much as its application. Along this line, at Chile
today, it is necessary to perform a review of the historical process of ASL. In this paper we propose
to discuss the convergence of new “social archaeologies”, diverse theoretical initiatives that have the
development of a social praxis ancestral theme with the principles of the ASL and from the critical,
we contribute at delimit the possibilities of realization of this current disciplinary project.
Key words: Social Latin-American Archaeology, Social Archaeology, Marxism, Indigenous
Communities, Patrimonial Diffusion, Industrial Archaeology, Archaeology of Repression and
Recent Political Violence.
1 Investigador independiente. hcarrionmendez@gmail.com
2 Investigador independiente. cristiandavilac@gmail.com
3 Investigadora independiente. ayelen.delgado@gmail.com
4 Investigadora independiente. nnm_fb@hotmail.com
5 Investigadora independiente. pat.kellys@gmail.com
6 Investigadora independiente. franmoya.c@gmail.com
7 Investigadora independiente. sanrebolledo@gmail.com
8 Investigador independiente. simon.sierralta@gmail.com
9 Grupo de Acción Ecológica y Conservación Añañuca, Eleuterio Ramírez 1446, Santiago. sepulveda.jairo@gmail.com
10 Investigador independiente,.cgonzalez2405@gmail.com
Recibido: 5 de Febrero de 2015. Aceptado: 31 de Julio de 2015. Versión final: 24 de Agosto de 2015.
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La Arqueología Social Latinoamericana (en adelante ASL) se comenzó a desarrollar hace poco más de cuatro décadas como un proyecto científico-político fundamentado en el materialismo histórico y en la praxis marxista, cuyo desarrollo concreto ha involucrado a diversas epistemologías y tradiciones culturales en los contextos de México (Bate 1974, 1977, 1981, 1982, 1984, 1986, 1993, 1998; Gándara 1980, 1981, 1993; Gándara et al. 1985; Lorenzo 1961; Montané 1980), Perú (Lumbreras 1974; Tantaleán 2004, 2006) y Venezuela (Sanoja 1981; Sanoja y Vargas 1978; Vargas 1985, 1986).
Esta diversidad de planteamientos sin embargo, adhieren a una base común, institucionalizada en ciertos “hitos” como reuniones y otros espacios de producción científica, fundada en el rechazo a otras formas de materialismo (cultural, estructural) y el regreso a los clásicos (Marx, Engels, Lenin), y principalmente en el entendimiento de la Arqueología como ciencia social histórica, cuyo objetivo es el estudio de la sociedad como totalidad concreta (Bate 1977; Lorenzo et al. 1976). Será la convicción del carácter científico del materialismo histórico lo que implicó en la ASL un discurso político abierto, que se proponía no sólo explicar la realidad, sino también transformarla (Bate 1998). Así se explicitan los efectos políticos de la labor, jugando un rol la toma de conciencia de la posición desigual de las situaciones nacionales poscoloniales e imperialistas del continente (Lorenzo 1976; Sanoja y Vargas 1994).
A pesar de su desarrollo, el reconocimiento internacional de la ASL es reciente, siendo criticados diversos elementos de la propuesta como: el uso de metodologías mixtas empiristas, histórico-culturales y procesuales, la falta de una metodología o trabajo del dato arqueológico, la falta de generación de escuelas, el peso que tuvo el contexto socio-histórico pasado, y el fracaso en determinados proyectos como el Museo del Hombre Venezolano (1984-1987) (Benavides 2001; Gándara 1993; Gándara et al. 1985; Jackson et al. 2012; McGuire y Navarrete 1999; Navarrete 2006, 2012; Oyuela-Caycedo 1994; Oyuela-Caycedo et al. 1997; Patterson 1994, 1997; Politis 1995; Tantaléan 2004; Troncoso et al. 2006).
No obstante lo anterior, en la actualidad, la ASL permanece como una propuesta arqueológica alternativa, en términos de la geopolítica del conocimiento, genuinamente latinoamericana y consolidada epistemológica y políticamente (Navarrete 2012). Junto a ello, las trayectorias particulares de sus exponentes siguen funcionando. Hoy en México se reconoce un grado mayor de refinamiento teórico, así como programas académicos y proyectos comunitarios (Acosta Ochoa et al. 2012). Por otra parte, en Venezuela existe una crítica y activismo político vigente (Vargas y Sanoja 2014). En medio de esto, quizá la cualidad más sobresaliente del último tiempo sea la reproducción del proyecto en las revisiones de los preceptos a partir de reuniones y libros compilatorios que buscan generar un carácter internacional del marxismo como praxis (Tantaleán y Aguilar 2012) y las posibilidades que emergen desde otros escenarios como en la arqueología Marxista Española (Lull 2005) y en el caso ecuatoriano (Benavides 2001).
En nuestro país, pese al papel relevante desplegado por los investigadores nacionales en el desarrollo de la ASL, el golpe de Estado de 1973 y la consiguiente persecución política, significaron el silenciamiento de la producción marxista y cambios en el desarrollo académico de las ciencias sociales en general. En las últimas dos décadas este panorama ha cambiado en ciertos aspectos y en la arqueología chilena se ha asumido la existencia de “arqueologías sociales”. En este sentido, el objetivo de este artículo es presentar una evaluación crítica del desarrollo disciplinar actual chileno, enfocado en discutir las tendencias o arqueologías que al menos desde la discursividad, incluyan
alguno de los postulados principales de la ASL: tener una base teórica materialista histórica y/o explicitar un compromiso social y político de la disciplina en el presente.
El análisis consiste, entonces, en una revisión de la producción bibliográfica de los últimos veinticinco años, pues consideramos que, a partir del retorno a la democracia, se produjeron una serie de transformaciones que han determinado el surgimiento de nuevas prácticas que se enmarcan en lo definido anteriormente. Por ello, se han seleccionado las siguientes líneas investigativas: la Arqueología con base teórica Marxista, la Arqueología y comunidades indígenas, los trabajos en Difusión Patrimonial, la Arqueología Industrial y la Arqueología de la Represión y violencia política reciente.
Si bien este ejercicio no dará cuenta de la complejidad del tema en su totalidad, esperamos acercarnos a una reflexión crítica a partir de los principios establecidos como lineamientos de la ASL, que permita tanto calibrar en qué medida su influencia emerge hoy en los trabajos que han pretendido darle contenido social a la arqueología, como examinarlos en tanto perspectivas alternativas al cientificismo tradicional.
Arqueología Chilena durante el siglo XX: ¿cómo entender el surgimiento y ocaso de la ASL?
Hacia mediados de siglo XX se presenta un momento relevante para la Arqueología nacional, cuando se produce la institucionalización concreta de la disciplina en tanto ciencia a partir de la creación del Centro de Estudios Antropológicos en 1958 (Orellana 1991; Troncoso et al. 2008). En aquellos años, la intervención estadounidense en Latinoamérica alcanzó su punto máximo en la academia, estimulando la producción científica y humanista acorde a los valores del imperialismo. En la otra vereda, el avance de los movimientos de izquierdas intelectuales y/o populares, encauzó un proceso culminado en la vía democrática al socialismo de la Unidad Popular. A fines de la década de 1960, la intelectualidad de izquierda intentaba desarrollar teorías sociales de base marxista, que permitieran escapar a la dependencia del primer mundo y guiar la praxis revolucionaria.
La reforma universitaria implicó, para la arqueología, la conformación de la Licenciatura en Filosofía con mención en Prehistoria y Arqueología (1969) y del Departamento de Ciencias Antropológicas y Arqueológicas en Universidad de Chile (1971), del Departamento de Antropología en la Universidad de Concepción (1970) y la fundación de la carrera de Arqueología en Antofagasta (1971). A esto se sumó la promulgación de la Ley de Monumentos Nacionales (1970), la creación de museos regionales, la conformación de la Sociedad Chilena de Arqueología (1963), la organización de reuniones especializadas periódicas y una progresiva sistematización de las publicaciones (Orellana 1988, 1991, 1996; Troncoso et al. 2008).
Al interior de la academia, las discusiones sobre el rol que debían cumplir las disciplinas antropológicas en la sociedad eran reflejo del contexto nacional durante el gobierno de la Unidad Popular (Orellana 1991). Mientras en la Universidad de Chile se giraba hacia una arqueología cientificista, en la Universidad de Concepción se proponía abiertamente el deber revolucionario de la disciplina, expresión de lo cual fueron las cátedras de Lumbreras que culminaron en uno de los libros más influyentes de la ASL (Lumbreras 1974). Así, distintas posiciones teóricas se explicitaron en este período, por una parte, existían investigadores que rechazaban la politización de la academia, relevando el procesualismo norteamericano en instancias como el VI Congreso Nacional de Arqueología Chilena de 1971 (Orellana 1996; Troncoso et al. 2006, 2008), por otra, se
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proponía que el objetivo de la arqueología era el estudio de las formaciones económicas específicas de las sociedades del pasado (Montané 1972). Esta última, tesis que se pretendió materializar a nivel internacional con la realización del Primer Congreso del Hombre Andino (1973) (Troncoso et al. 2008).
Tras el Golpe de Estado, las universidades fueron intervenidas y sus redes desarticuladas, con particular énfasis en las ciencias sociales y humanidades; las escuelas de antropología de las Universidades de Concepción y Antofagasta cerraron, y muchos investigadores, fueron encarcelados, perseguidos o exiliados. Julio Montané y Luis Felipe Bate representan casos paradigmáticos de este proceso (Bate 1974, 1977, 1982, 2006; Montané 1980). Por otro lado, existe consenso en que la dictadura implicó un serio retroceso y detrimento para el desarrollo de la arqueología en general (Arqueología y Ciencia: primeras jornadas 1983: 16-88; Orellana 1991, 1996; Troncoso et al. 2006, 2008) y de la arqueología socialmente comprometida en particular.
La dictadura implicó que en los años ‘80 “la disciplina en la universidad desmejorara significativamente, presentándose hoy ciertamente deprimida (…) [y la] relación de la arqueología con la sociedad, se ha restringido a un nivel exclusivamente turístico” (Arqueología y Ciencia: primeras jornadas 1983: 42). Los museos asumieron parcialmente el rol de las universidades, y se potenciaron los marcos teóricos norteamericanos expresados en las Jornadas de Arqueología y Ciencia (Arqueología y Ciencia: primeras jornadas 1983). Esta ideología tuvo un correlato en la institucionalidad científica, medidos “lineamientos del capitalismo norteamericano” (Troncoso et al. 2008: 130).
La arqueología en la post-dictadura (1990-2011)
El término de la dictadura y la “transición a la democracia” implicó la compleja conjunción de distintas tensiones y tuvo al menos tres características fundamentales: la continuidad del modelo económico hegemónicamente neoliberal; la mantención de una democracia vigilada o “de baja intensidad”; y la emergencia de una política social y cultural orientada esencialmente a evitar la aparición y emergencia de conflictos sociales (Portales 2000).
Bajo este marco, la academia quedó despojada de cualquier posible sentido social. El carácter de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), estructurado como un referente de producción científica despolitizada durante la dictadura, se mantuvo con modificaciones puntuales. La arqueología encontró allí, con el programa FONDECYT, un buen nicho de financiamiento para desarrollar investigaciones con un marcado carácter positivista (Troncoso et al. 2008). Si bien el retorno de la democracia implicó mayor libertad en la docencia e investigación, primaron marcos teóricos fortalecidos en dictadura como la Nueva Arqueología, con una incipiente importación de otras perspectivas norteamericanas o europeas (Orellana 1996; Troncoso et al. 2008).
Por otra parte, durante los gobiernos de la Concertación se tuvo que conformar una institucionalidad estatal que se hiciese cargo de aquellas necesidades culturales propias de la herencia de la dictadura, como la verdad histórica, y de las nuevas problemáticas del contexto mundial post Guerra Fría, como la multiculturalidad y el patrimonio. Si bien se trató de casos excepcionales, la arqueología tuvo que jugar un papel en instituciones como la Comisión de Verdad y Reconciliación (1990) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2003).Junto con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo encargado del resguardo de la legalidad patrimonial, la institucionalidad del Estado ha mantenido el rol tradicional de los museos como entes de comunicación con la sociedad, papel que se ha visto suplementado también por un creciente papel de fondos concursables orientados a la puesta en valor de los bienes arqueológicos. No bien la existencia de esta esfera de práctica arqueológica, la situación de estas instituciones se habría visto crecientemente afectada; la consolidación del neoliberalismo y del Estado subsidiario, redundaría en un progresivo detrimento y precarización de las instituciones vinculadas a educación y patrimonio, como la DIBAM, el CMN y la U. de Chile (Troncoso et al. 2008).
Paralelamente, en 1994 fue promulgada la Ley General de Bases del Medioambiente, que establece la necesidad de someter las intervenciones de infraestructura a la evaluación de su impacto ambiental. La entrada en vigencia de esta normativa y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ha implicado grandes cambios en el desarrollo de la práctica de la arqueología en el país, destacando la apertura de un mercado laboral relevante y mayoritario para los arqueólogos, como el potenciamiento del estudio de nuevas áreas (Cáceres 1999, Cáceres y Westfall 2004). Sin embargo, aunque la institucionalidad establece marcos de regulación para diversos proyectos, se manifiesta ineficacia práctica y desfase entre la dinámica del sistema y la realidad en que se desenvuelve la praxis arqueológica. Junto a esto, en la arqueología de contrato, el proceso de transferencia de conocimiento no resulta relevante, y las labores de conservación, almacenaje, y difusión, entre otras, se constituyen más en un lastre que un beneficio (Uribe y Adán, 2003). En consecuencia, los resultados de esta arqueología no han sido retornados a la sociedad en la construcción de historias y/o prehistorias nacionales, ni tampoco se ha desarrollado experiencias de gestión comunitaria que impliquen otorgarle valor cultural a los sitios o materiales arqueológicos.
Sumado a lo anterior, la patrimonialización de los materiales y sitios arqueológicos constituye una atmósfera creciente (Alegría 2013), donde frecuentemente se la utiliza como estrategia de acción política tanto del empresariado como de ciertas colectividades. En la sociedad se va popularizando un concepto de patrimonio arqueológico que descentra la atención y potestad del Estado, así como la legitimidad del discurso académico y con ello de la arqueología (Ayala et al. 2003). Una disrupción en este sentido la va a constituir la conformación del Colegio de Arqueólogos (2009) y su rol en las manifestaciones contra la competencia Rally Dakar.
Actualmente, podemos ver que la arqueología del país funciona desde la crisis del modelo de representación estatal, el enfrentamiento con la mercantilización del patrimonio, que cada vez se inserta más en una situación conflictiva dada entre la gestión local y supranacional del patrimonio, los reclamos étnicos y la privatización del manejo de los bienes culturales. Evidentemente, en tal contexto no resulta fácil construir un planteamiento renovado, pensamos entonces que un primer paso es reflexionar sobre el desarrollo disciplinario actual y las formas en que se ha resuelto el vínculo de la arqueología con una praxis “más social”.
El marxismo en la arqueología chilena
Aún con el retorno formal a la democracia y el cese de la persecución política en la academia, el silenciamiento del marxismo que implicó la dictadura en la arqueología sólo ha sido tibiamente roto en los últimos años. Esto podría deberse al exilio de los investigadores que avanzaron en la
construcción de una base materialista histórica y dialéctica para el desarrollo de la arqueología, así como a la desmovilización y despolitización general de la sociedad, considerando que el impulso a este tipo de teorías suele ir de la mano de la agitación sociopolítica y/o solidez orgánica de la izquierda marxista (Tantaleán 2006).
No obstante, se pueden reconocer algunos intentos por generar reflexiones o interpretaciones arqueológicas desde el materialismo histórico (Gallardo 1998, 1999, 2004; Uribe y Adán 2004; Rees y De Souza 2004; Ballester y Sepúlveda 2010; Cornejo 2012; Uribe 2012). Por una parte, existen revisiones asociadas a lecturas neomarxistas que, desmarcándose de las posiciones clásicas, centran su reflexión en torno a la problemática del poder (Uribe y Adán 2004) y de la ideología (Gallardo 2004). Otros han apuntado a interpretar, con mayor o menor grado de coherencia, fenómenos económicos de cambio social en torno a los conceptos que tradicionalmente ha utilizado el marxismo en su análisis (Rees y De Souza 2004; Cornejo 2012). Por último, ejercicios teóricos han buscado aportar en la discusión de temáticas específicas, ya desde la revisión bibliográfica de propuestas de arqueología marxista (Ballester y Sepúlveda 2010), ya desde la aplicación de reflexiones generales del materialismo histórico a temáticas específicas como el arte rupestre (Gallardo 1998, 1999).
Sin embargo, la mayoría del trabajo académico de estos autores no utiliza como cuerpo teórico el marxismo, ni profundiza en aplicaciones prácticas ni desarrollos metodológicos o teóricos posteriores. En este sentido, vemos han adoptado orientaciones más cercanas al historicismo cultural (Uribe et al. 2004), al procesualismo (Cornejo y Sanhueza 2003; De Souza 2004; Adán y Mera 2011; Ballester et al. 2014) o al posmodernismo/posprocesualismo (Gallardo et al. 1999; Gallardo 2001; Uribe 2004; Cornejo y Sanhueza 2011), sentándose solo brevemente en la mesa del materialismo histórico. Estos ensayos tampoco se refieren, en general, a la tradición de arqueología marxista ameroibérica que ha desarrollado el grueso de las discusiones al respecto en las últimas décadas, ni a los pensadores clásicos de otras latitudes. Se producen así trabajos de un marxismo huérfano y sui generis, con menciones entremezcladas a autores tan disímiles teóricamente como Binford, Godelier, Adorno, Bourdieu y Giddens. En términos políticos, no suelen mostrar una intencionalidad evidente, salvo Uribe (2012) y Uribe y Adán (2004) que explicitan la necesidad de desnaturalizar conceptos y modelos propios del evolucionismo norteamericano.
Una excepción puede encontrarse en los trabajos de Núñez (1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2012), que en forma sistemática se han enmarcado en coordenadas conceptuales que integran referentes clásicos del marxismo con aquellos de la arqueología social amero-ibérica. Sus escritos plantean esfuerzos interpretativos del pasado del Norte Grande, explícitamente desde la arqueología social. Desde allí se abordan temáticas sociales contemporáneas como las identidades históricas, el cambio social o el diálogo intercultural, esbozando incluso la necesidad de una arqueología social que integre el pensamiento feminista y una visión de género.
De cualquier forma, es difícil hablar del desarrollo de una arqueología marxista en la década de 1990 en Chile. Más bien, hasta la fecha el panorama general señala la existencia de declaraciones de voluntad y esporádicos atisbos de praxis interpretativa marxista, que permanecen lejos de la propuesta programática de la ASL, y más lejos aún de la constitución de una línea teórica más sólida o permanente.
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Arqueología y difusión patrimonial
La necesidad de la disciplina de abrir espacios de comunicación (Troncoso et al. 2008: 132) con el propósito de aproximarse a la comunidad no especializada mediante la difusión de conocimiento científico, se ha vinculado con la puesta en valor del patrimonio y la traducción de los saberes a un lenguaje común y accesible. Para ello, la difusión patrimonial ha tomado un papel relevante, ya que tiene por objeto transmitir el conocimiento producido desde la disciplina hacia la sociedad, para así, vincular a esta última con el pasado a través de la cultura material e inmaterial, reconociendo su valor e imprimiéndole significación en el presente (Guglielmino 2007). Parte de estos preceptos se asocian con la denominada arqueología pública, la que plantea un acercamiento al público general mediante plataformas interactivas que estimulen la gestión del patrimonio y educación en diversos espacios (Montenegro 2012; Salerno 2013).
En el país se han propuesto instancias de discusión que problematizan la vinculación de la arqueología con la sociedad, ejemplo de ello son los “Talleres de Teoría Arqueológica” (Troncoso et al. 2006), los simposios “Hacia una arqueología pública: nuevas estrategias de difusión del patrimonio arqueológico en Chile”, “Más allá de las comunidades. Perspectivas en la arqueología pública de América del Sur” y “Arqueología y Educación”; el primero, parte del XIX Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Arica, 2012) y los dos restantes realizados en el VII TAAS (San Felipe, 2014). Se suman también espacios institucionales como FONDART, plataforma destinada a la difusión cultural y conservación patrimonial; y la incorporación en el último tiempo en FONDECYT de ítems de divulgación y vinculación con el público no especializado en sus formularios de postulación.
En Chile no existe un número significativo de trabajos escritos referidos a la difusión patrimonial, aunque en los últimos años se aprecia un mayor interés y desarrollo. En general, las publicaciones resultan ser trabajos particulares realizados por lo común al alero de museos. Se plantea como objetivo acercar el patrimonio cultural local a la ciudadanía aplicando diversas estrategias didácticas con el fin de generar nuevas experiencias educativas (Córdova-González et al. 2002, 2004; Romero et al. 2004; Aguilera et al. 2006; Aguilera y Prado 2010), mientras que otros trabajos enmarcados en proyectos de investigación, incluyen la difusión del conocimiento a través de canales distintos a los utilizados en el área científico-académica (Carrasco et al. 2003a).
Sin embargo, todas estas propuestas no cuentan con un programa común, respondiendo a la coyuntura relacionada con la demanda internacional de protección patrimonial. Los trabajos no pretenden formar parte de una corriente determinada, aunque existen algunos que se autodefinen como parte de la arqueología pública utilizando definiciones ambiguas (Romero et al. 2004). Tal ambigüedad en el empleo de ciertos conceptos se observa en la mayor parte de los textos en el uso del término “patrimonio”, planteado como un principio incuestionado e impreciso. En otras palabras, no se explicita una definición clara respecto de qué es lo que se está entendiendo como patrimonio, sino más bien se impone como valor intrínseco. Lo anterior da cuenta de la perspectiva acrítica que tiene la mayoría de los trabajos respecto del discurso hegemónico, y en consecuencia, la falta de posicionamiento teórico y político por parte de los autores. Con todo, los trabajos elaborados en torno a la difusión patrimonial crean una idea más bien difusa de la vinculación real que debe tener la comunidad no especializada con la disciplina y del verdadero alcance y valor de la difusión.
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Arqueología y comunidades Indígenas
Desde la implementación de la Ley Indígena Nº 19.253 (Boccara y Ayala 2011), los pueblos indígenas han cobrado progresivamente relevancia como actores sociales con demandas propias en las luchas de significación y de poder que atañen a sus derechos culturales y a los recursos dentro de sus territorios. Teniendo como precedente lo ocurrido en otras regiones (Endere y Ayala 2012), han surgido una serie de exigencias por parte de los pueblos indígenas que han buscado, por un lado, la devolución y restitución de su patrimonio (custodia y manejo de los sitios arqueológicos), y por otro, poner atajo a distintas prácticas que, realizadas sin previo consentimiento, pudiesen atentar contra su cultura (Ayala 2007, 2008). En este panorama, el actuar de los arqueólogos es cuestionado por las comunidades indígenas, poniendo en duda no sólo la validez de sus prácticas, sino también la legitimidad de sus discursos sobre el pasado (Jackson et al. 2012). La arqueología chilena se ha visto entonces, en la necesidad de reflexionar respecto de su quehacer y reaccionar a las demandas indígenas, cuestionando el rol y la finalidad del conocimiento arqueológico, así como la responsabilidad social del arqueólogo con las comunidades.
A partir de una revisión histórica de los discursos arqueológicos nacionales, se observa que previo a la década de 1990, la disciplina no considera a los pueblos indígenas ni como receptores del conocimiento arqueológico, ni como depositarios de una tradición relevante para el proceso científico (Romero 2003). Quizás la única excepción a esta situación la constituyó el Grupo Toconce (Adán et al. 2001; Ayala et al. 2003). En el ambiente académico formal, las reflexiones se empezaron a manifestar hacia fines de la década de 1990, con la publicación de artículos en el Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología (Ayala 1999; Rivera 1999; Westfall 1998) y del libro “Patrimonio Arqueológico Indígena en Chile: reflexiones y propuestas de gestión” (Navarro 1998). La discusión iniciada en esos años resultó en una serie de instancias de diálogo entre comunidades indígenas, arqueólogos y organismos estatales, entre las que destacan los encuentros de Cupo y Ollagüe, mesas de diálogo llevadas a cabo por el Museo de San Pedro de Atacama, y el programa de educación patrimonial Escuela Andina (Adán et al. 2001; Ayala 2007).
Si bien una parte de la arqueología nacional ha intentado comprometerse con la demanda de los pueblos originarios, esta intención no se manifiesta como una propuesta sistemática, sino como una reacción ante conflictos eventuales, manteniendo una prudente distancia en territorios con población indígena o evadiendo las mismas, como ocurre en la zona sur de Chile (Uribe y Adán 2003). En ese sentido, permanece como una práctica académica influenciada por las directrices gubernamentales (Uribe y Adán 2003) y centros hegemónicos de poder, posicionándose muchas veces como una herramienta de éstos últimos en el sentido de mediatizar discursivamente las relaciones conflictivas. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que si bien ciertos proyectos pregonan el desarrollo de arqueologías participativas, éstas continúan reproduciendo antiguas relaciones de poder/saber, en las cuales los indígenas siguen participando como excepcionales informantes, excavadores o ayudantes de terreno y laboratorio, pero no intervienen en los procesos de toma de decisiones sobre su pasado y materialidad (Ayala 2008; Gnecco y Ayala 2010), generando una “participación sin participación” (Ayala 2014).
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Arqueología industrial
La arqueología industrial es uno de los temas de trabajo más recientes en la disciplina y se enfoca a la comprensión de los espacios, métodos y maquinarias dentro del proceso de industrialización enmarcado en la revolución industrial y la tecnologización posterior, tratando de comprender las formas de comportamiento social derivadas de dicho proceso (Symonds y Casella 2006).
El concepto fue acuñado a mediados de la década de 1950 por Michael Rix (Symonds y Casella 2006), sin embargo, en nuestro país ha suscitado interés solo recientemente, aunque existen antecedentes en trabajos de Alcaide (1981, 1983) y Bittmann y Alcaide (1984) sobre el ciclo del salitre, y Brown y Craig (1994) durante la década de 1990 en Huantajaya. Esto podría explicarse por la relevancia preponderante que la academia y el financiamiento institucional le dan a la investigación de la prehistoria, y que ha relegado las arqueologías de la modernidad a una posición marginal.
A partir del año 2000, sin embargo, se observa un proceso de transformación que posee tres causas posibles o conjuntas: por una parte, el desarrollo de la Arqueología de Impacto Ambiental que hace necesaria la comprensión e inclusión dentro del registro arqueológico de espacios industriales, por otra, la apertura de los espacios académicos tradicionales a este tipo de temáticas, como los Congresos Nacionales de Arqueología Chilena de 2006 y 2009, y por sobre todo, el interés particular de una serie de investigadores en aumentar la comprensión de un pasado reciente. En este último grupo podemos encontrar, entre otros, trabajos en torno al ciclo salitrero en Antofagasta (Vilches et al. 2008; Rees et al. 2010), a la reconstrucción de la cotidianeidad a partir de las últimas oficinas salitreras en Taltal (San Francisco et al. 2009), a la explotación cuprífera en San Bartolo (Aldunate et al. 2006) y en Capote (García-Albarido et al. 2008; Rivera et al. 2007; Rivera 2008).
Estos dos pulsos diferenciados de investigación mostraron, además, claras diferencias conceptuales. Los trabajos publicados en las décadas de 1980 y 1990 desplegaron esfuerzos orientados más bien a dar cuenta de la existencia y relevancia del patrimonio industrial, sin generar una reflexión ni un discurso importante sobre el contenido del mismo. En el siglo XXI, en cambio, se ha intentado establecer e interpretar la relación entre los restos materiales de la actividad industrial y los procesos sociales del capitalismo inicial, poniendo de manifiesto las contradicciones propias de dicho sistema económico-social.
Los arqueólogos industriales contemporáneos ven en la investigación una vía alternativa para conocer los nexos entre la materialidad y la “vida social” en contextos capitalistas, comprendiendo que este tipo de evidencia ofrece una perspectiva que no es evidente mediante el estudio de fuentes documentales orales o escritas (Fuentes y Rovano 2012), y basando gran parte de su marco teórico en torno a las dinámicas posibles de establecer entre la materialidad industrial, el espacio y la cultura (Vilches et al. 2008; Rivera et al. 2008; García-Albarido et al. 2008).
En último término, la diferencia más importante entre las investigaciones recientes y las de fines del siglo XX, radica en que los nuevos investigadores orientan sus esfuerzos en una dirección políticamente reflexiva, reivindicando la historia de los trabajadores o resaltando el carácter identitario de la industria en el lugar determinado. Esto no implica, en todo caso, la existencia de un sólo eje de trabajo, puesto que mientras algunos se enfocan en la problemática de la patrimonialización (Rivera et al. 2008), otros lo hacen en la reconstrucción de las historias de vida y el día a día de los sujetos (San Francisco et al. 2009), y aún otros en visibilizar prácticas y acontecimientos excluidos de los relatos tradicionales (Cristino y Fuentes 2011).Recientemente también podemos encontrar los trabajos desarrollados por Vilches y coautores (2014) cuya caracterización del periodo de industrialización de San Pedro de Atacama apunta a la visibilización de una época de la historia oscurecida por el pasado prehispánico de la zona de estudio. Y, en ese sentido, el análisis contiene orientaciones políticamente reflexivas desde la perspectiva del discurso nacional y regional.
No obstante todo lo anterior, en términos generales, los trabajos citados no muestran algún tipo de convergencia o eje programático hacia un planteamiento que refiera a la utilidad social de la arqueología en el contexto de los procesos de industrialización.
Arqueología de la represión y la violencia política reciente
Considerando la historia reciente del país, el problema de la violencia política, secuestro, tortura y desaparición forzada de personas, resulta una cuestión fundamental para las ciencias sociales e históricas nacionales. La arqueología ha tenido algunas aproximaciones a esta temática a partir de experiencias puntuales desde la década de 1980. Durante la década señalada, algunos arqueólogos fueron parte de la búsqueda e identificación de detenidos desaparecidos en el marco de procesos judiciales (Jensen y Cáceres 1995; Cáceres 2011: 8).
Tras el final de la dictadura militar, en 1990 se creó la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” a partir de lo cual aumentaron los trabajos y sujetos involucrados en el tema, destacando la labor realizada entre 1989 y 1994 por el Grupo de Antropología Forense (GAF), conformado mayormente por antropólogos sociales. Si bien otros investigadores participaron en paralelo, en muchos casos la colaboración fue puntual, luego de lo cual cada uno de los especialistas retomó sus labores académicas o laborales (Cáceres 2011: 62), sin desarrollarse entonces una reflexión interna de la disciplina respecto al tema (Cáceres 1992; Jensen y Cáceres 1995).
Un proceso de transformación se ha esbozado durante el siglo XXI lo que se refleja en la incorporación del tema en congresos nacionales de Antropología y más recientemente de Arqueología (Cáceres 2004; Carrasco et al. 2003b, 2004; Cáceres y Jensen 2007), así como en la realización de las primeras investigaciones enfocadas en centros de detención y tortura utilizados en la dictadura militar (Fuenzalida 2011; San Francisco et al. 2010; Fuentes et al. 2009). En el último caso, se trata de ejercicios que llaman a pensar cómo herramientas teórico-metodológicas propias de la arqueología pueden aportar a la construcción de un discurso y/o una memoria al respecto. Asimismo, a diferencia de los trabajos enfocados en la identificación de detenidos desaparecidos, estas investigaciones no necesariamente se vinculan al “hacer justicia”, sino más bien a rescatar y ayudar a mantener la memoria histórica en torno al tema, considerando que los recintos de detención y tortura son hitos arquitectónicos particularmente significativos para ello y que, aún en democracia, existe una política de invisibilización de la violencia ejercida por el Estado.
Considerando lo anterior, la reflexión acerca de este tema en la arqueología chilena se refleja en esfuerzos relevantes, pero poco sistemáticos. En Chile a diferencia de otros países como Argentina o Uruguay (Bellelli y Tobin 1985; Funari y Zarankin 2006; López Mass 2006; Zarankin y Salerno 2008; González y Lema 2011), esta tendencia no constituye una propuesta inserta en el ámbito disciplinar y los escasos esfuerzos que desarrollan un trabajo en ésta línea no tienen sustento institucional.Pese a ello y a diferencia de las otras temáticas revisadas en este trabajo, en este campo se observa más claramente la existencia de una voluntad política explícita de vincular la práctica arqueológica con la realidad del presente y el pasado reciente del país, constituyendo un aporte social e histórico concreto. Es que a diferencia de otras tendencias teóricas, en esta arqueología se conjuga la necesidad de construir y aportar en términos de discursos a la memoria reciente vinculada al pasado dictatorial y traumático de nuestro país. La política aparece de forma explícita en los planteamientos, cuando se tiene en consideración que la arqueología puede servir de “evidencia” en casos judiciales abiertos (ver Cáceres 1992; Carrasco et al. 2003b; Cáceres y Jensen 2007) o contribuir a visibilizar memorias no historizadas en los discursos oficiales (Fuenzalida 2011, 2014; San Francisco et al. 2010; Lizardi 2015).

Relevancia, limitaciones y proyecciones del proyecto disciplinar de la ASL en Chile
En este trabajo hemos evaluado diferentes iniciativas enmarcadas en líneas investigativas que se relacionan con la ASL ya sea porque poseen una base teórica crítica y/o asumen una postura política clara y explícita. Consideramos que estos aspectos son fundamentales cuando se entiende a la arqueología como ciencia social, en cuanto a disciplina que forma parte de un sistema ante cuyos debates, necesidades y problemáticas debiera responder.
La Arqueología Social Latinoamericana, como desarrollo teórico, fue una expresión del proceso histórico de lucha que transitó el continente desde comienzos de la segunda mitad del siglo XX. En tanto tal, su entrelazamiento con el proceso revolucionario nacional, y la adopción del materialismo histórico como enfoque predominante de su praxis científica, determinaron que en Chile fuese erradicada de forma eficiente, inmediatamente después de la instalación de los organismos militares en el poder en 1973 (Bate 1984). Resulta complejo, por lo tanto, realizar una evaluación de su desarrollo en las décadas siguientes, entendiendo que, junto con suprimir “el cáncer marxista” y la reflexión y crítica social en general, la dictadura cívico-militar promovió perspectivas teóricas alineadas con los modelos económicos norteamericanos, enraizados en la concepción liberal de independencia política del conocimiento científico.
–Este desarrollo teórico posee una relevancia intrínseca a su definición como proyecto disciplinar, en tanto representa una perspectiva alternativa a los modelos imperantes, donde converge una posición filosófica, ética y política particular. Se trata de un proyecto disciplinario por y para nuestro continente, que responde a la historia y realidad particulares de Latinoamérica.
Como hemos visto, sin embargo, las arqueologías chilenas que se proponen “sociales” carecen de estos elementos. En el caso de los trabajos vinculados a las comunidades indígenas, por ejemplo, a pesar de un reconocimiento del conflicto entre la institucionalidad, los arqueólogos y las propias comunidades, se han adoptado aproximaciones poco reflexivas y unilaterales, que en nombre de idealizaciones de “identidades en pelig“idero” ignoran las problemáticas de fondo, lo que, sumado a una legislación ambigua, difícilmente puede hacer sino legitimar desigualdades y asimilar al sistema nacional diversidades de un modo menos traumático (Díaz-Polanco 1978). Asimismo, podemos encontrar problemas similares cuando se trabaja desde la óptica del patrimonio: perspectivas ingenuas que privilegian la forma por sobre el contenido, por lo general naturalizando el valor de la cultura material sin introducir cuestionamientos a la lógica de consumo en que ésta se desarrolla. En ambos
casos, se busca proteger “lo indígena” o “lo patrimonial” sin siquiera cuestionar los alcances y la dirección de dicha protección.
Esta misma visión poco reflexiva y cortoplacista se observa en los intentos de aplicar el materialismo histórico a la interpretación arqueológica; la ausencia de una praxis sistemática al respecto han dado como fruto, artículos cuya relevancia no trasciende la anécdota. Por su parte, los trabajos vinculados a los asesinatos y desapariciones durante la dictadura, sin desmerecer el enorme valor que poseen en sí mismos, se caracterizan justamente por tratarse de respuestas contingentes a demandas del poder judicial, y sólo el último tiempo aparecen las primeras iniciativas de índole propositiva. La arqueología industrial, por último, se encuentra aún en un estado muy incipiente para emitir juicios al respecto, pero tampoco existen indicadores que muestren necesariamente el comienzo de una tendencia diferente.
Por ello, tal como Gándara y coautores (1985:9) son quienes diagnostican que la arqueología marxista no existe en México, y Tantaleán (2004), para quien la arqueología social peruana se encuentra en un panorama desolador sin mayor producción o coherencia, consideramos que en nuestro país no existen trabajos que hayan desarrollado una perspectiva consistente con la Arqueología Social Latinoamericana. Se hace evidente que se trata de iniciativas que, aunque puedan compartir algunos de los postulados de la ASL, constituyen posiciones teóricas eclécticas que carecen de una reflexión sistemática sobre la problemática social a nivel nacional y continental, y su propia praxis al respecto. Por el contrario, surgen como respuestas contingentes a manifestaciones específicas de los conflictos generales, y son alimentadas desde la necesidad de dar legitimidad social a la propia práctica.
Esto podría ser explicable considerando tres causas principales. La primera -y de la que se desprenden las siguientes- refiere al contexto político que condicionó el abandono de esta perspectiva a nivel institucional a partir de la persecución de la izquierda en general, y el ejercicio sistemático de despolitización de la sociedad civil aplicado durante los últimos cuarenta años. La segunda, apunta a una práctica arqueológica que se caracteriza por tendencias eclécticas, que en la mayoría de los casos carece de explicitación teórica o mayor reflexión. En ésta se observa más bien la adopción oportunista de marcos teóricos -fundamentalmente norteamericanos y europeos- para enfrentarse a situaciones específicas. La tercera, dice relación con la idea, arraigada en la academia, de que la arqueología como ciencia no tiene cabida para las mezclas con la política o la historia, sino que se trata de una esfera autónoma e independiente de la contingencia de la sociedad de la que forma parte. Por último, cabe mencionar que la disciplina arqueológica se caracteriza por una fuerte elitización, pues gran parte de sus miembros forman parte de los grupos más favorecidos del país, situación que se reproduce institucionalmente, por ejemplo, en la Universidad de Chile a partir de los estándares de acceso a la misma.
Luego de esta valoración crítica, el proyecto permanece. Al igual que en el resto del continente, surge la necesidad de realizar reelaboraciones teóricas y prácticas que se hagan cargo de las condiciones políticas actuales, actualizando los postulados previos al apogeo neoliberal, y que, por lo tanto, permitan también discutir los paradigmas dominantes en la arqueología local y mundial. Asimismo, es necesario evaluar las problemáticas que emanan de las contradicciones generales y específicas de esta sociedad capitalista, y que no han sido abordadas en este trabajo, como la predominancia de la praxis mercantilizada de la arqueología de impacto ambiental, frente a las iniciativas de investigación, difusión e intervención.Con esto no proponemos desechar la experiencia acumulada en los últimos treinta años por los trabajos revisados anteriormente, simplemente por carecer de la substancia teórico-política que hemos propuesto. Por el contrario, pese a las críticas planteadas reconocemos –en varios casos- su aporte desde una perspectiva de aprendizaje metodológico y práctico, así como su carácter de puntos de partida que permiten problematizar más incisivamente sus esferas de acción. Lo que pareciera urgente y necesario es, entonces, dinamizar las iniciativas que cada vez emergen con más frecuencia en una propuesta política clara y un sentido de realidad que permitan, nuevamente, plantear la posibilidad de un proyecto disciplinar de escala amplia.
Tampoco es la intención de este artículo plantear una solución programática a la situación expuesta, pues pensamos que ésta deberá surgir de una reflexión que supera la mera evaluación de la historia de la investigación. Sí podemos, en cambio, plantear las direcciones fundamentales por las que creemos que debe conducirse el proceso de construcción de una arqueología social orgánica y políticamente sólida.
En primer lugar, existe la necesidad de desarrollar una producción teórica propia, que se haga cargo de las condiciones específicas de las sociedades del pasado y contemporáneas a nivel local, nacional y continental. Por lo mismo, es fundamental la creación y apropiación de espacios de producción y difusión locales y cotidianos, en el sentido de poseer un grado de inserción comunitaria relevante, así como la utilización y creación de metodologías de difusión e integración que permitan vincularse exitosamente con el resto del campo social. De la mano con lo anterior, se vuelve necesario el involucramiento de la arqueología en el pasado reciente y la historia directa de las comunidades actuales, indígenas o no, una práctica que si bien comienza a desarrollarse sigue siendo muy escasa. Por último, pensamos que todos estos aspectos debiesen articularse en torno a una praxis social que marque una distinción y permita oponerse a la actual condición mercantil de la disciplina, difundida como arqueología de contrato, de la subordinación de la producción académica al sistema internacional de publicaciones científicas, o del manejo del patrimonio como bien de consumo.
Agradecimientos. Agradecemos a Daniel Delfino y Gustavo Pisani por la organización del simposio “Todas las tierras. Crítica y reivindicación de la Arqueología Social Latinoamericana” en el marco del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, donde presentamos una primera versión de este trabajo. Al mismo tiempo agradecemos a los evaluadores de este manuscrito porque con sus pertinentes comentarios aportaron enormemente a la calidad del contenido aquí planteado.
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114 |Hugo Carrión, Cristián Dávila, Ayelén Delgado, Nicole Fuenzalida, Patricia Kelly,
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Instrucciones a los Autores | 115
Boletin de la Sociedad Chilena de Arqueología
El Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología es una publicación anual editada por la Sociedad Chilena de Arqueología. Tiene como propósito la difusión de avances, resultados, reflexiones y discusiones relativos a la investigación arqueológica nacional y de zonas aledañas. Presenta así a la comunidad arqueológica contribuciones en la forma de artículos originales, referidos a los diversos campos del quehacer arqueológico.
Instrucciones a los autores
1. Las contribuciones de los autores deben ser originales. Su recepción no garantiza su publicación, ya que luego del proceso de evaluación, el comité editorial podrá solicitar cambios tanto de contenido como formales a sus autores, o bien rechazar la publicación del mismo.
2. Los manuscritos deben dirigirse al Editor del Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología: schaboletin@gmail.com.
3. El texto completo deberá estar escrito en letra Times New Roman tamaño 12, en formato .doc o .docx.
4. La extensión máxima de los textos, en página tamaño carta e incluyendo todas sus secciones, notas, tablas, figuras y referencias citadas será de 25 páginas.
5. El texto completo deberá presentarse con interlineado simple y justificado.
6. Los márgenes izquierdo y derecho serán de 2,5 cm, mientras que los márgenes inferior y superior serán de 3 cm.
7. Los párrafos no deberán tener sangría.
8. El texto deberá contener obligatoriamente las siguientes secciones en el orden mencionado:
a) Título principal.
b) Nombre del o los autores.
c) Resumen en español (5 a 10 líneas)
d) Palabras clave en español (máximo 5).
e) Abstract en inglés (5 a 10 líneas).
f) Keywords en inglés (máximo 5).
g) Texto.
h) Agradecimientos (opcional).
i) Referencias citadas.
j) Listado de Tablas y sus leyendas.
k) Listado de Figuras y sus leyendas.
116 | Boletin de la Sociedad Chilena de Arqueología
9. El título principal se presentará centrado, escrito en minúscula y negrita. No podrá contener notas de ningún tipo.
10. El nombre del o los autores irá en minúsculas y centrado. En nota al pie de la primera página, deberá presentarse en el siguiente orden: filiación institucional y dirección electrónica.
11. El Resumen se titulará con minúscula, centrado y en negrita. A continuación se presentarán las Palabras Clave en minúscula y alineadas a la izquierda.
12. El Abstract se titulará con minúscula, centrado y en negrita. A continuación se presentarán las Keywords en minúscula y alineadas a la izquierda.
13. El texto se iniciará sin la palabra Introducción.
14. A lo largo del texto los títulos primarios deberán ser escritos en minúscula, negrita y centrados. Los títulos secundarios deberán ser escritos en minúscula, normal y alineados a la izquierda. Los títulos terciarios deberán ser escritos en minúscula, cursiva y alineados a la izquierda.
15. Los Agradecimientos se presentarán al finalizar el texto y antes de iniciar las Referencias Citadas. Se consignará el término Agradecimientos en minúscula, cursiva y alineado a la izquierda. A continuación y en la misma línea, separados por un punto, se anotarán los reconocimientos que el autor estime. En esta sección corresponde indicar los créditos a las fuentes de financiamiento correspondientes.
16. Se presentará como notas toda aquella información adicional relevante al texto y que no pueda ser incluida en el mismo. Las notas serán todas a pie de página y deberán numerarse correlativamente con números arábicos (1,2,3.). La nota 1 corresponderá a la filiación institucional y dirección electrónica del primer autor.
17. Las citas textuales de más de tres líneas se indicarán entre comillas, separadas del texto y en cursiva.
18. Las tablas y figuras se indicarán en el texto entre paréntesis, con letra minúscula y normal, por ejemplo: (Tabla 1), (Figura 3). Deberán ser numeradas en el orden en que aparecen en el texto. Deberá adjuntarse un listado de Tablas y Figuras en formato .doc o .docx con las respectivas leyendas.
19. Las tablas podrán presentarse como archivos separados del texto en formato .doc, .docx, .xls o xlsx, o presentarse insertas en el texto mismo, en cuyo caso no deberá ser como imagen.
20. Las figuras comprenden fotografías, dibujos y mapas. Estas deberán presentarse en archivos separados del texto, en escala de grises, en formato JPG, TIF, BMP o PNG, con una calidad no inferior a 300 dpi y un tamaño no mayor a 18 x 14 cm.
21. Las citas en el texto se señalarán en paréntesis, minúscula y normal. El autor o autores y el año de publicación no deberán separarse con coma. En una cita que contenga más de una referencia, éstas se ordenarán alfabéticamente y separadas con punto y coma. La expresión et al. (siempre en
Instrucciones a los Autores | 117
cursiva) se utilizará para referencias que tengan más de dos autores. Referencias que tengan el mismo autor o autores en el mismo año se las distinguirá con las letras a, b, c, etc. Los trabajos en prensa o manuscritos se indicaran en el texto sólo refiriendo al año y sin siglas como Ms.
Por ejemplo: (Castro et al. 2001; Hocquenghem y Peña 1994; Llagostera 1979, 1982; Méndez 2012a, 2012b; Suárez 1981).
22. Los números cardinales serán referidos con palabras si el valor es inferior a nueve, por ejemplo: cuatro cuchillos. Si el valor es superior a nueve, se lo referirá con números, por ejemplo: 58 vasijas; excepto al inicio de un enunciado, por ejemplo: “Cincuenta y ocho vasijas …”.
23. Los fechados radiocarbónicos que se publiquen por primera vez siempre se deben señalar en años a.p. sin calibrar, indicando la fecha con un rango de error (sigma), el código de laboratorio y número de muestra, el material fechado y el valor δ13C de estar disponible. Por ejemplo: 1954±56 a.p., UB 24523, semillas de Chenopodium quinoa, δ13C = -27,9 ‰
Para los fechados radiocarbónicos calibrados se debe indicar tal condición, la cantidad de sigmas (1 o 2) empleados y el programa y curva de calibración utilizados; se puede informar también la probabilidad de los rangos de edad entregados. Por ejemplo: 48 cal. a.C-3 cal. d.C (p = 0.105) y 10-222 d.C. (p = 0.895) (calibrado a 2 sigmas con el programa CALIB 7.1 [Stuiver et al. 2005] y la curva SHCal13 [Hogg et al. 2013])
24. Los fechados de termoluminiscencia que se publiquen por primera vez siempre se deben señalar en años calendáricos (a.C., d.C.), indicando la fecha con un rango de error (sigma), el código de laboratorio y número de muestra, el material fechado y el año base utilizado. Por ejemplo: 430±130 d.C., UCTL 1537, cerámica, año base 1990.
25. La sección de bibliografía se titulará Referencias Citadas, en minúscula, negrita y centrado. Las referencias serán ordenadas alfabéticamente por apellido y en forma cronológica ascendente para cada autor. La información de cada referencia será dispuesta en el siguiente orden: autor(es), año, título, imprenta, lugar de publicación. Los autores deberán ir en minúscula. Se deberá consignar solamente las iniciales de los nombres de los autores; cuando haya más de un autor, solamente para el primero deberá aparecer el apellido antes que el nombre. A continuación y en la misma línea, separados por un punto, se indicará el año, título del trabajo y el resto de las referencias. Sólo la primera letra del título deberá ir en mayúscula. El título de la revista, libro o monografía deberá aparecer en cursiva. Todos los artículos de revista o capítulos de libro deben anotar los números de página correspondientes.
Ejemplos:
– Libro:
Binford, L. 1981. Bones: ancient men and modern myths. Academic Press, New York.
-Libro editado, compilado o coordinado:
Se indicará al autor o autores como “(ed.)”, “(comp.)” o “(coord.)”, respectivamente y según corresponda.
Flannery, K. (ed.) 1976. The Early Mesoamerican Village. Academic Press, New York.
– Artículo en revista:
Legoupil, D., C. Lefèvre, M. San Román y J. Torres. 2011. Estrategias de subsistencia de cazadores
118 | Boletin de la Sociedad Chilena de Arqueología
recolectores de Isla Dawson (Estrecho de Magallanes) durante la segunda mitad del Holoceno: primeras aproximaciones. Magallania 39(2):153-164.
– Capítulo en libro:
Schiappacasse, V., V. Castro y H. Niemeyer. 1989. Los Desarrollos Regionales en el Norte Grande de Chile (1000 a 1400 d.C.). Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la conquista. Editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp. 181-220. Editorial Andrés Bello, Santiago.
– Actas de Congreso como volumen propio:
Dillehay, T. y A. Gordon. 1979. El simbolismo en el ornitomorfismo mapuche: La mujer casada y el “ketru metawe”. Actas del VII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Volumen I, pp. 303-316. Editorial Kultrún, Santiago.
– Actas de Congreso como parte de una publicación periódica:
Núñez, P. 2004. Arqueología y cambio social: Una visión de género y materialismo histórico para el Norte de Chile. Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología Chilena / Chungara Revista de Antropología Chilena 36 Volumen Especial, Tomo I, pp. 441-451. Universidad de Tarapacá, Arica.
– Memorias, Tesis o Disertaciones de grado o título:
Artigas, D. 2002. El sueño esculpido: arte rupestre y memoria del mito en el valle de Canelillo, Provincia de Choapa. Memoria para optar al Título de Arqueólogo. Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Santiago.
– Manuscritos en prensa:
Se indicará de acuerdo a la categoría correspondiente (libro, artículo en revista, capítulo en libro u otro), para finalizar con el término En prensa.
Sanhueza, J. 2005. Registro de un cementerio del periodo Formativo en el oasis de Pica (Desierto de Tarapacá). Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología. En Prensa.
– Manuscrito inédito:
Se indicará su institución depositaria y su condición de manuscrito.
Gaete, N. 2000. Salvataje Sitio 10 PM 014 “Monumento Nacional Conchal Piedra Azul”. Informe Segunda Etapa. Volumen 3. Archivo Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago. Manuscrito.
– Sitios o Documentos WEB:
Se indicará de acuerdo a la categoría correspondiente (libro, artículo en revista, capítulo en libro u otro), señalando la fecha de consulta más reciente.
Stuiver, M., P. Reimer y R. Reimer. 2005. CALIB 5.0. [WWW program and documentation]. http://intcal.qub.ac.uk/calib/manual/index (1 agosto 2015).
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